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El Tratado Constitutivo del MERCOSUR tuvo como objetivo principal propiciar un espacio común que generara oportunidades comerciales y de inversiones a través de la integración competitiva de las economías nacionales al mercado internacional. El Tratado no previó de forma manifiesta una instancia específica orientada al desarrollo de una “Dimensión Social”. Aunque encontremos una breve referencia al aspecto social en su preámbulo: “…que la ampliación de las actuales dimensiones de sus mercados nacionales, a través de la integración, constituye condición fundamental para acelerar sus procesos de desarrollo económico con justicia social” (Tratado de Asunción, versión electrónica aquí).

Es así que el MERCOSUR en sus primeros 10 años orientó sus acciones hacia un regionalismo en clave solamente geo-económica en contraposición a un proceso de geopolítica estratégica. Desde esta mirada lo social quedó relegado en aspectos laborales del Subgrupo Relaciones Laborales, Empleo y Previsión Social subordinado al Grupo Mercado Común.

En el Protocolo de Ouro de Preto (1994) se declaran dos instancias con competencias técnicas y consultivas que amplían esta mirada economicista: la Comisión Parlamentaria Conjunta y el Foro Consultivo Económico Social. Ambas instancias buscan ampliar la participación a los sectores políticos y sociales de la región. Sin embargo, es importante subrayar que la Dimensión Social en sus inicios no desempeñaba un lugar destacado en el proceso de integración. Posteriormente los efectos del proceso de ajuste estructural obligaron a repensar el esquema de integración regional, con la necesidad de incorporar la Dimensión Social.

La crisis económica-política que afectó la región entre 1999-2002, según analistas en el tema (PEAS: Plan Estratégico de Acción Social, Instituto Social del MERCOSUR, Asunción, Junio 2012, Pág. 11, versión electrónica aqui), produjo una crisis económico-comercial en el MERCOSUR, que se inició después de la gran desvalorización de la moneda brasilera que, posteriormente, se agravó con la crisis financiera argentina. A eso se agregan las políticas que sobrellevaron los Estados Parte y la ausencia de mecanismos de coordinación regional, que afectaron visiblemente el proceso de integración, no solamente obstaculizando su consolidación sino también introduciendo dudas sobre la viabilidad del proceso de integración.

No obstante, se instala claramente la preocupación por los efectos sociales de las políticas económicas y es en este marco que a fines de junio del año 2000 los presidentes de los Estados Parte del MERCOSUR, Bolivia y Chile firman la Carta de Buenos Aires sobre Compromiso Social e instruyen a las autoridades competentes de sus respectivos países a “…fortalecer el trabajo conjunto entre los seis países, así como el intercambio de los problemas sociales más agudos que los afectan y a la definición de los temas o áreas donde sea viable una acción coordinada o complementaria tendiente a su solución…”. El documento dejaba en claro la necesidad de promover, desarrollar y asegurar la efectividad de las políticas en pos del mejoramiento de las condiciones de vida, especialmente respecto a los derechos a la educación y a la capacitación profesional.

Seguidamente, en setiembre las autoridades de Desarrollo Social se reunieron en Gramado, (Brasil) donde surge el denominado Compromiso de Gramado, que lleva a que a fines del mismo año el Consejo Mercado Común decida la creación de la Reunión de Ministros y Autoridades de Desarrollo Social del MERCOSUR (RMADS) con la función de proporcionar al referido Consejo, por medio del Grupo Mercado Común: “…medidas encaradas a orientar la coordinación de políticas de desarrollo y acciones conjuntas para el desarrollo social de los Estados Parte.” Con el objetivo de proponer, que el seguimiento de los trabajos de dicha Reunión se efectuara mediante el Foro de Consulta y Concertación Política del MERCOSUR (FCCP), órgano vinculado al propio CMC.

Al mismo tiempo se inicia en torno a la RMADS un espacio de discusión y definición de estrategias conjuntas denominada MERCOSUR Social; el Foro de Consulta y Concertación Política del MERCOSUR (FCCP), vinculado directamente al CMC, se encarga del seguimiento de los trabajos de la RMADS.

Es importante subrayar que en el año 2000 los países mencionados se suscribieron a la Declaración del Milenio que derivó en los Objetivos del Desarrollo del Milenio, lo cual significó el compromiso conjunto en el logro de los objetivos de crecimiento, directamente ligados a los de inclusión y cohesión social, que dan fundamento a la preocupación social en el ámbito del MERCOSUR. “Asumir la Dimensión Social de la integración basada en un desarrollo económico de distribución equitativa, tendiente a garantizar el desarrollo humano integral, que reconoce al individuo como ciudadano sujeto de derechos civiles, políticos, sociales, culturales y económicos. De esta forma, la Dimensión Social de la integración regional se configura como un espacio inclusivo que fortalece los derechos ciudadanos y la democracia.

La Declaración de Principios del MERCOSUR Social sintetiza los temas que habían ocupado la atención y generado acuerdos en las reuniones de Ministros y Autoridades del MERCOSUR Social hasta ese momento. Los fundamentos conceptuales hacen referencia:

a) la centralidad de la dimensión social en la integración que pretenda promover un desarrollo humano y social integral;

b) la indisociabilidad de lo social y económico en la formulación, diseño, implementación y evaluación de las políticas sociales regionales;

c) la reafirmación del núcleo familiar como eje de intervención privilegiado de las políticas sociales en la región;

d) la centralidad del rol del Estado;

e) la protección y promoción social desde una perspectiva de derechos, superando la visión meramente compensatoria de lo social;

f) la participación de una sociedad civil fortalecida organizacionalmente.

En el 2007 se creó el Instituto Social del MERCOSUR (con sede en Asunción) y también se aprobó la Declaración de Principios del MERCOSUR Social, la cual plantea que este proceso “…debe ser un espacio donde converjan las demandas de una ciudadanía cada vez más participativa, más consciente de sus derechos, deberes y obligaciones, pero por sobre todas las cosas, consciente de su pertenencia al espacio mayor de contención que es el MERCOSUR”.

Este documento inicial dio pie a la elaboración del Plan Estratégico de Acción Social, que pasó a constituirse en la primera iniciativa conjunta para compatibilizar las temáticas sociales a ser abordadas en los cuatro países y la implementación de proyectos sociales a nivel regional. En ese mismo año se crea la Comisión de Coordinación de Ministerios de Asuntos Sociales del MERCOSUR (CCMASM) integrada por representantes de alto nivel en temas sociales. Este órgano, entre otras funciones, tiene como objetivo diseñar el PEAS.

Por otro lado se aprobó un Estatuto de Ciudadanía del MERCOSUR, en 2010, donde se establece un plan de acción para consolidar un conjunto de derechos fundamentales y beneficios, en materia de circulación de personas, fronteras, identificación, documentación, trabajo y empleo, previsión social, educación, transporte y defensa de consumidor para trabajar los próximos 10 años (hasta el año 2020). Dos importantes órganos (en fase de estructuración) son agregados al organigrama del MERCOSUR: el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR – IPPDH (2009) y la Unidad de Participación Social – UPS (2010).

En junio del 2011, en la Cumbre de Asunción, el PEAS es finalmente aprobado por el Consejo del Mercado Común (CMC). El documento es considerado la hoja de ruta para todos los Ministerios y Secretarías con competencia en el campo de las políticas sociales en el MERCOSUR y delinea los principales desafíos a través de 26 directrices.

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